Por: Julio Tapia
El miércoles 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas,Tijuana Baja California Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato por el Partido de la Revolución Institucional, a la presidencia de la República fue asesinado.
Se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928. Por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, el caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población.
La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya. En el año 2000, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que no existían evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno mexicano cerró el caso. Sin embargo, la FGR reabrió la investigación en 2022.
Previo a ello, el 10 de enero, de ese mismo año, en una decisión que sorprendió a toda la clase política, empezando por el propio Colosio, el entonces presidente de la República nombró a Manuel Camacho, el precandidato perdedor durante la búsqueda de la candidatura priista, como comisionado para la paz en Chiapas. Esa decisión, que Salinas asegura fue consensuada con Colosio, fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato, ya que se interpretó como un signo inequívoco de apoyo a las aspiraciones presidenciales del ex regente.
Durante las semanas siguientes, con toda la atención mediática centrada en las negociaciones con los zapatistas en San Cristóbal de las Casas, Colosio realizó su campaña de manera fría. En ese entorno, el ex regente, había renovado su relevancia política, a finales de febrero y principios de marzo, comenzó a correr la versión de que Colosio renunciaría a la candidatura del PRI para dejar el sitio a Manuel Camacho Solís.
En medio de ese ambiente adverso, con señales de que había perdido el favor presidencial, Colosio vio una oportunidad para levantar su campaña en el acto por el 65 aniversario del PRI.
Colosio y su equipo decidieron relanzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo, en un evento de masas en el Monumento a la Revolución.
Numerosos analistas políticos afirman, que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari, como una suerte de separación padre-hijo; los más suspicaces, que fue su sentencia de muerte.
Treinta años después Colosio como miles de mexicanos tendrán que esperar justicia, porque sabe que, en México no pasa nada, en México no hay justicia.
Este sábado 23 de marzo se cumplen 30 años del asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y a pesar de que las investigaciones sobre el magnicidio no son un expediente cerrado, la teoría del caso más sólida sigue siendo la del asesino solitario por la que fue condenado Mario Aburto Martínez como autor material del crimen.
Sin embargo, desde octubre del año pasado y lo que va del 2024, el proceso penal del caso Colosio dio dos giros inesperados: la defensa de Aburto logró ganar un amparo para revocar la sentencia de 45 años de prisión que se le había impuesto en diciembre de 1994 y la Fiscalía General de la República (FGR) intentó revivir la teoría de un segundo tirador.
Incluso, se llegó a especular que Mario Aburto podría salir, derivado de que el amparo ganado por sus defensores logró revocar la sentencia de 45 años de prisión que se le había impuesto el 22 de diciembre de 1994, bajo el argumento de que debió ser sentenciado conforme al fuero común y no bajo el fuero federal.
La sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México en octubre del 2023, invalidó la condena de 45 años de prisión, por considerar que fue incorrecto juzgar y condenar a Mario Aburto con el Código Penal Federal vigente en 1994, el cual contempla una pena de 45 años para el delito de homicidio calificado.
Sin embargo, los magistrados del citado tribunal determinaron que tras la confesión de Aburto y su declaratoria de responsabilidad penal por el asesinato de Colosio, debió ser condenado a 30 años de cárcel, pena máxima prevista en el Código Penal de Baja California en 1994. Es decir, que debió ser sancionado conforme al fuero común, ya que Colosio no era servidor público y por lo tanto, no se le podía aplicar el fuero federal.
Sin embargo, antes de que este fallo surtiera efecto y quedara firme, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la sentencia mediante un recurso de revisión que fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La ministra Margarita Ríos Farjat, presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte un proyecto de resolución para desechar el recurso de revisión presentado por la FGR, por considerar que la dependencia no invocó un problema de inconstitucionalidad para tratar de revertir la sentencia.
A pesar de que este asunto se agendó para su discusión el pasado 13 de marzo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó más tiempo para analizar el expediente, sin que se haya fijado fecha para votar la propuesta de la ministra Farjat.
Por lo anterior, es evidente que Mario Aburto Martínez, no podrá obtener su libertad, y es que Aburto deberá aguardar a que los cinco ministros que integran la Primera Sala del Máximo Tribunal definan en votación si fue correcto el amparo que le fue concedido a su defensa para reducir la pena a 30 años de cárcel o si se sostiene la condena inicial de 45 años de prisión.
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