Por Julio Cesar Tapia García
La reinserción social, es el inicio y fin de soluciones encaminadas a resolver temas de seguridad pública y prevención al delito.
El termino de reinserción social, cuyo prefijo ’re’ significa volver y la palabra ’insertum’, que significa colocar, momento en el que el sujeto queda de nueva cuenta incorporado a la sociedad, conceptos encaminados a procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir.
Analizar el tema de la reinserción implica abordar diversos tópicos uno de ellos la infraestructura penitenciaria nacional conformada por un total de 314 centros, 15 centros penitenciarios federales, 248 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados,
Y estos inmuebles deberán ser dignos, pues ya lo refería Julio Scheler, que las cárceles en México, son jaulas y las jaulas son para los animales, pues el proceso para un sentenciado privado de la libertad empezara a partir de cumplir su pena, para convertirse en muchas ocasiones en víctimas del propio Estado al no brindarle un lugar adecuado para cumplir su pena, algunas veces pagando por su seguridad, comida, visita y estancia al personal penitenciario o diversos autogobiernos habidos en los centros penitenciarios, ocasionando violaciones a los derechos humanos y pueden ser perpetrados bajo los siguientes supuestos: a) Por la incapacidad, omisión o tolerancia de la autoridad. b) Por la corrupción de la autoridad. c) Por coacción a la autoridad.
De acuerdo a las cifras de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, había un total de 226,116 personas en prisiones mexicanas, 23,653 tienen una sentencia no definitiva y solo 111,162 contaron con sentencia definitiva.
Por lo que respecta a las mujeres el 49.3 sin sentencia, en el caso de los hombres este porcentaje fue del 38.4 %.
Casi 4 de cada 10 personas en las cárceles mexicanas, el 39%, no tienen una sentencia.
La población internada con sentencia aumentó un 8.7% frente al año anterior, aunque la población sin sentencia disminuyó un 5%.
En 2022, del total de población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9%, en prisión preventiva justificada; 11.4%, en otro supuesto jurídico y, para 14.5% no se identificó el tipo de estatus jurídico’, detalló el reporte del organismo autónomo.
Los estudios reportaron un aumento anual del 2.6% en el total de personas presas, de las que un 94.4% eran hombres y el 5.6%, mujeres.
El instituto reportó una sobresaturación en los centros penitenciarios estatales, con 186,755 reos, y centros especializados, con 6,858, que en conjunto tienen una ocupación de 107% respecto a su capacidad oficial.
Mientras que en las cárceles federales hay 28,520 personas, una tasa de ocupación de 66.5%.
Comparado con 2021, la tasa de ocupación de los centros federales aumentó un 11.7 puntos porcentuales y en los estatales, 0.3 puntos.
Tan solo el año pasado, ingresaron 138,496 personas a los centros penitenciarios, un 16.2% más que en 2021.
En el mismo periodo, 127,606 personas egresaron de las cárceles, un incremento anual del 19.4%.
La saturación de las cárceles con personas sin sentencia ocurre pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de despresurizar el sistema penitenciario.
En abril de 2020, el Gobierno promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Pero de diciembre de ese año a mayo pasado, solo un total de 332 personas se beneficiaron de la Ley de Amnistía, según el Poder Judicial de la Federación.
Estos números representan formulas y alternativas para que las autoridades relacionadas con la seguridad pública, prevención al delito, penitenciaria y criminólogos busquen descifrar y frenar los hechos delictuosos, en todas las regiones del país, además de impulsar actividades encaminadas a la reinserción social, de acuerdo al postulado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 18 establece que ’El Sistema Penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley’.
Sin embargo, hacia los centros penitenciarios se tendrán que acabar con verdaderos mitos y realidades que padecen los internos, familias y sociedad, pues de no implementar acciones ondas la reinserción no sirve.
Despacho Jurídico Tapia y Asociados’ 5564513080