Carlos Loret de Mola, columnista.
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López Obrador ya hubiera pedido la renuncia de la gobernadora, la secretaria de Gobernación y en una de esas, hasta del presidente mismo.
En Guerrero, los narcos torturan y golpean a los transportistas para que les paguen el derecho de piso. Las imágenes son brutales. Los transportistas, hartos de las extorsiones, hacen paros de labores. Chilpancingo, Iguala, Taxco, se vuelven pueblos fantasmas, sin transporte público, sin comercios, sin escuelas. El líder de un cártel dice que financió la campaña del partido que gobierna a nivel municipal, estatal y nacional. Matan a un estudiante de Ayotzinapa. ’Ya nos faltan 44’. El gobierno trata de encubrir el crimen criminalizando al estudiante. Se descubre la verdad: lo mató un policía estatal, pero… el policía ’se fuga’. Por esa ’fuga’ entran en pleito público la Fiscalía de Guerrero (controlada por el Ejército, el más poderoso de los acusados por el caso Ayotzinapa) y la Secretaría de Seguridad estatal (que responde al jefe de toda esa mafia local, el morenista Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora, Evelyn Salgado). Desaparecen día y medio dos fiscales federales enviados a investigar el caso. Hay protestas, quemas de vehículos, retención de guardias nacionales, ataques a edificios públicos. Y encima están las ejecuciones de todos los días, destacadamente la del exsuegro de la gobernadora, Joaquín Alonso Piedra ’El Abulón’, que fungía como puente entre el crimen organizado y el grupo político. ¿Y el Presidente? Lloriqueando porque unos estudiantes con resorteras y piedras dieron portazo en su Palacio Nacional